Para mejorar esta situación, se deben establecer unos estándares nacionales de calidad del aire en interiores, y exigir que los edificios señalicen si cumplen dichos estándares. El foco inicial se debería poner en las escuelas, las guarderías, los centros de asistencia, los calabozos y las cárceles y otros entornos de alto riesgo de aglomeración.
Estados Unidos también necesita mejorar su recogida y análisis de datos. A lo largo de la pandemia, el país dependió de los datos de Israel, Gran Bretaña y Sudáfrica para rastrear el surgimiento de nuevas variantes y medir la efectividad de la vacunación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), conscientes de esto, crearon una división analítica para desarrollar esas capacidades. Sin embargo, los análisis serán buenos en la medida en que lo sean los datos de referencia, y se ha hecho muy poco por llevar la recogida e integración de la información sobre salud pública a la era digital.
Los CDC, la principal agencia de salud pública del país, han reconocido que carecen de una infraestructura de datos con unos estándares claros que puedan aceptar e integrar información crucial para monitorear y combatir las amenazas para la salud pública. Esto incluye la información de las agencias y los sistemas de salud locales y estatales que rastrean en tiempo real el número de casos preciso, hospitalizaciones y muertes, estratificados por estado de vacunación, edad, comunidad y raza. Los propios funcionarios de la salud pública irán a ciegas en la próxima emergencia si no se arregla este sistema.
Mejorar la seguridad de los trabajadores ha sido otra oportunidad perdida. En el lugar de trabajo, todos se benefician si los compañeros que sienten síntomas parecidos a los de la gripe se quedan en casa; pero esto solo sucederá con un cambio cultural en torno a la enfermedad y, lo que es más importante, que se estipule la baja por enfermedad pagada para los trabajadores, en especial aquéllos con baja remuneración o de la economía colaborativa (gig economy). La baja por enfermedad pagada es especialmente importante en el sector médico, hotelero, del transporte público y el comercio minorista, donde los contagios se pueden extender con más rapidez. Sin embargo, los contratantes no suelen conceder a sus empleados la baja médica pagada, o por enfermedad de un familiar, y el Congreso se ha negado a aprobar leyes que lo exijan, a pesar de la montaña de datos sobre la propagación del coronavirus y otras infecciones respiratorias en el lugar de trabajo.
También se necesitan con urgencia estrategias para vincular a las agencias de salud pública con las poblaciones de alto riesgo, pero a las que es difícil llegar. Al principio de la COVID-19, las agencias de salud mantuvieron una relación pasiva con el público. Los estadounidenses tenían que hacer fila o inscribirse online para acceder a las vacunas o a las mascarillas o encargar pruebas y, a veces, solicitar el reembolso a sus compañías de seguros. Este enfoque funciona para quienes tienen tiempo libre, acceso a internet y destreza digital; pero es mucho más difícil para las personas con discapacidad, los adultos mayores que viven solos, los individuos que poseen escaso alfabetismo sanitario, la gente que no habla inglés y quienes viven en las áreas rurales.
Instituir un contacto proactivo será muy útil en futuras emergencias, se trate de pandemias, huracanes, incendios u otras catástrofes. De lo contrario, se volverá a dejar fuera a estos grupos ya insuficientemente atendidos, y se ampliarán las desigualdades en los cuidados y las consecuencias.
El gobierno aún tiene que asegurar una capacidad de producción nacional estable y cadenas de suministro de materias primas para los equipos de protección personal, incluidas las mascarillas N95 y KN95, guantes y batas desechables, y mucho menos productos farmacéuticos.
